Presenta Díaz Brown la iniciativa “Empresa Sonora Responsable”.

CON ESTAS 10 INICIATIVAS QUE IREMOS PRESENTANDO NOS SUMAMOS AL ESFUERZO DEL GOBIERNO DE EDUARDO BOURS: CARLOS DANIEL FERNÁNDEZ
CAJEME.- Con el objetivo de que la competitividad impregne las políticas empresariales en Sonora con crecimientos elevados y sostenidos en la productividad, el diputado Rogelio Díaz Brown, presentó la iniciativa “Empresa Sonora Responsable”, que vendrá a estimular a los empresarios de la entidad.
Ante la presencia del alcalde, Francisco Villanueva Salazar y representantes de las cámaras empresariales, Díaz Brown explicó el contenido de la iniciativa que vendrá a reforzar el liderazgo que Sonora tiene con un gobierno eficiente y eficaz, además de ser líder en aprovechamiento de relaciones internacionales.
En el evento al que acudieron, David Valdez Ceballos, representante de la Secretaría de Economía, Gerardo Vázquez, presidente de CANACINTRA, Eduardo Castro Luque de CANACO, Rogelio Díaz Brown Ramos de Ucay, Andrés Salas Sánchez de CANIRAC, Jesús Villaseñor de Aoass, representantes del sistema educativo y tecnológico, entre otros, el diputado priísta expuso los beneficios que esta propuesta de Ley traería al estado.
Empresa Sonora Responsable, explicó, promueve y estimula el uso de insumos adquiridos en Sonora, la investigación y desarrollo tecnológico, el fomento a la generación de empleos, el uso de equipo anticontaminante, el control de sustancias peligrosas, el procesamiento de sus residuos tóxicos y peligrosos, el uso de plantas tratadoras de agua, el reciclamiento de deshechos, la preservación del medio ambiente, entre otras
El diputado por el XVI distrito, expuso los reconocimientos y estímulos para las empresas ya certificadas, tales como: la reducción y condonación del pago de contribuciones; apoyos para montaje de espacios de exhibición en eventos internacionales; capacitación tecnológica; contratos de investigación con universidades o instituciones de investigación, entre otras.
Además de los estímulos en materia de infraestructura, como: nivelación de predios; construcción y pavimentación de caminos de acceso; construcción de tomas de agua; construcción de obras de electrificación y la construcción de recolectores de aguas residuales.
Por su parte, Carlos Daniel Fernández Guevara, reconoció la aportación que hace el Grupo Parlamentario del PRI Sonora con la presentación de éstas 10 iniciativas, por lo que se suma dijo, a las prácticas de productividad que tiene el gobierno de Eduardo Bours en Sonora.
Al hacer referencia a la Ley de Mejora Regulatoria, la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por el Congreso del Estado en días pasados, y la Ley de Profesiones, que próximamente bajarán al Pleno, Fernández Guevara recalcó que vendrán a reforzar las facilidades para que en Sonora haya más empresas funcionando.
Las condiciones están dadas, dijo, para avanzar y recordó que el Congreso del Estado, avala el crecimiento de Sonora, tal como se demostró con la aprobación del Plan Sonora Proyecta, que desafortunadamente se encuentra trabado debido a un desacuerdo.
Acompañado por sus compañeros de bancada, Claudia Pavlovich, Irma Villalobos, Sergio Cuellar, Guillermo Peña, Víctor Martínez, Manuel Ignacio Acosta, Melecio Chavarín y José Luis León, Carlos Daniel Fernández, mencionó: “esto es parte del aprendizaje que hemos obtenido en este año de trabajo legislativo, que lo más importante de la presentación de estas iniciativas en cada municipio, es el escuchar a la ciudadanía, recoger las aportaciones que hagan más eficaz el trabajo legislativo”.
Un aspecto importante de esta iniciativa, es la promoción y asignación de estímulos para aquellas empresas que implementen en sus procesos de producción cursos de capacitación y productividad, programas de calidad total, modernización de esquemas administrativos, así como la impartición de seminarios de seguridad e higiene laboral a sus trabajadores de todos los niveles.
Punto toral en esta iniciativa es el aspecto social que debe caracterizar a nuestras empresas, por ello se propone un esquema de apoyo gubernamental a quienes incluyan en su plantilla laboral un porcentaje superior al 20% de personal integrante de grupos vulnerables, en términos de la Ley de Desarrollo Social.