Proponen Legisladores Panistas Reducir Diputados y Senadores

•ADEMÁS, PLANTEARON LA NECESIDAD DE ADELANTAR LA FECHA DE TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Los legisladores panistas Héctor Larios Córdova, Gustavo Parra Noriega, Cruz Pérez Cuellar, Laura Rojas Hernández y Alberto Vázquez Martínez, en voz de María del Pilar Ortega Martínez y de Gildardo Guerrero Torres, presentaron dos iniciativas para reformar diversos artículos constitucionales a fin de impulsar una nueva composición del Congreso mexicano y disminuir el número de diputados y senadores que lo conforman.
Al hacer uso de la tribuna parlamentaria, Ortega Martínez aseguró que el actual número de diputados (500) ha provocado el entorpecimiento de acuerdos y consensos al interior de las diferentes bancadas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, lo que a su vez ha originado rezago y lentitud en el trabajo legislativo, provocando que el Congreso no asuma con mayor eficiencia sus funciones.
No obstante, la legisladora federal por Guanajuato destacó la conveniencia de mantener un sistema electoral mixto, tanto de mayoría como de representación proporcional, pero eficientándolo, por lo que propuso disminuir 100 diputados de esta última vía para que la Cámara de Diputados quede integrada con 300 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional.
Pilar Ortega aseveró que lo que se busca con esta iniciativa es garantizar la gobernabilidad, entendida como la presencia de mayorías más estables y que la representatividad no conduzca a la obstaculización de mayorías claras en el Parlamento, necesarias para traducir acuerdos en la construcción de bienes públicos.
Por otra parte, comentó que dicha iniciativa propone además adelantar la fecha de toma de posesión del cargo de Presidente de la República al primero de octubre, toda vez que la actual fecha resulta inadecuada con respecto a la presentación y discusión de los proyectos de Ingresos y Presupuesto de Egresos, ya que el marco vigente establece que la presentación de éstos debe hacerse a más tardar el 15 de diciembre.
“El Presidente constitucional entrante solo cuenta con 15 días naturales para elaborar los proyectos respectivos, mientras que el Congreso tiene el mismo número de días para analizarlos, discutirlos y aprobarlos. En ambos casos resulta inadecuado y poco funcional para el Ejecutivo y el Legislativo”, dijo.
Más adelante, resaltó la necesidad de establecer la facultad del Ejecutivo Federal para presentar iniciativas de trámite legislativo preferente, para que el Congreso en un término perentorio esté obligado a dictaminar y, en caso de no hacerlo, se tenga por aprobada la iniciativa enviada por el Presidente de la República.
Asimismo, propuso precisar la facultad del Ejecutivo para presentar observaciones (veto) al Decreto de Presupuesto de Egresos aprobados por la Cámara de Diputados y eliminar la facultad discrecional del Ejecutivo Federal para la promulgación y publicación de leyes o decretos aprobados por el Congreso.
Por su parte, Gildardo Guerrero Torres propuso modificar el artículo 56 de la Constitución Política Mexicana para disminuir los 32 senadores de representación proporcional por lista nacional: “Se plantea que el Senado de la República quede integrado no por 128 senadores, sino únicamente con 96: 2 electos por el principio de mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría”.
Aseguró que con esta propuesta de eliminar a los senadores plurinominales, “se retorna y se fortalece la tesis de que el Senado es el garante del federalismo, pues la existencia de la ´lista nacional´ puede quedar cargada a favor de una entidad federativa en relación a las demás, rompiendo con la representación paritaria de las mismas”.
En otro orden, Guerrero Torres propuso eliminar las “partidas secretas”: “En un sistema constitucional republicano y democrático como el que se ha instaurado en México, no deben existir partidas secretas para ningún concepto ni funcionario, pues ello establece reglas de excepción en el gasto público, sobre el cual no existe control”.
Por último, planteó la necesidad de eliminar el adjetivo de supremo con el que se denomina al Ejecutivo Federal en el artículo 80 de la Constitución, pues no es sano para nuestra democracia. “Se debe desterrar desterrar de la Constitución ese resabio del presidencialismo mexicano, de denominar al Ejecutivo como poder supremo”.